La capacidad de los gobiernos municipales para crear instrumentos politicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía.
En América Latina las políticas sociales en general, y las políticas sociales urbanas en particular, fueron importantes mecanismos de clientelismo político que operaron con cierta eficacia durante el período del estado corporativo. En la actualidad, cuando se trata de consolidar la democracia como forma de gobierno y en el contexto de la globalización, las metrópolis deberán jugar nuevos roles en tanto principales espacios receptores de la modernidad y de la expansión de la pobreza y desigualdad social.
Todo ello coincide en un contexto político y social signado por exigencias crecientes de la sociedad en relación con la democratización política y la apertura de canales de participación ciudadana. En este sentido, es necesario diseñar diferentes e innovadoras políticas públicas y transformar sustancialmente las relaciones gobierno-ciudadanía. La gobernabilidad y el buen gobierno de las ciudades son hoy el marco para analizar los problemas urbanos y la gestión del territorio.
Desde la perspectiva de la gestión urbana, tenemos la existencia de tres dimensiones territoriales en las ciudades latinoamericanas grandes y medianas: metropolitana, central y barrial. Lo primero que percibimos es que estas realidades territoriales no se corresponden con formas de gobierno particulares.
Salvo el caso de Quito, Ecuador, en América Latina no han existido gobiernos metropolitanos. Las ciudades poseen uno, o más gobiernos locales cuando se trata de ciudades metropolitanas, los cuales gobiernan en un mismo territorio de acuerdo con una delimitación político-administrativa de nivel municipal.
En los gobiernos locales, elegidos democráticamente por la ciudadanía prevalece un modelo de gobierno fuertemente centralizado en el ejecutivo local, mientras que la capacidad de gobierno del legislativo, cabildo o cámara local varía mucho según la ciudad. Las instancias de coordinación metropolitana suelen ser poco eficaces y es el municipio o la municipalidad central el que concentra los recursos e impone un modelo de ciudad. A nivel barrial no existen órganos de gobierno y en el mejor de los casos existen formas de participación ciudadana institucionalizadas (comités o juntas vecinales).
Este es un esquema general pero las ciudades son realidades complejas constituidas por la integración de unidades espaciales diferenciadas, la existencia de autoridades de diferente nivel jerárquico y la presencia de una ciudadanía segmentada en su identidad territorial y social. Las bases de su gobernabilidad fueron, durante muchas décadas, instituciones y procedimientos limitadamente eficientes y poco democráticos.
Cuando estas grandes o medianas ciudades son a la vez la Capital de la república, como es el caso de ciudad de México, Buenos Aires o Montevideo, los procesos de transformación son aún más complejos y las cuestiones que están en juego para crear un nuevo orden económico, social, espacial y ambiental, son mayores y sustancialmente diferentes.
Gobernar estas ciudades con un mínimo de eficiencia en la gestión de su territorio y de sus servicios y hacerlo en democracia, supone lograr un equilibrio entre el gobierno central y el local, que permita que este último actúe con cierto grado de autonomía, sin perder de vista que en esa ciudad se localiza y se concentra el poder de la nación. Los desafíos para estos gobiernos locales son muchos puesto que deben crear una diferente sustentabilidad económica y ecológica a la vez que se construye una gobernabilidad democrática. Se trata entonces de crear un auténtico y autónomo gobierno local donde por lo general han prevalecido los aparatos administrativos.
La construcción de gobiernos locales fuertes y democráticos en las ciudades depende de un conjunto de factores entre los cuales merecen señalarse: l) cuanto mayor es la importancia económica, política y social que posee la ciudad en el sistema nacional o regional de ciudades mayor es la ingerencia que posee el gobierno central y el gobierno estatal en la definición de sus políticas públicas; 2) el carácter sectorial y centralizado de las políticas públicas resta autonomía al gobierno local ; 3) los limitados recursos de que disponen los gobierno locales para atender las necesidades urbanas insatisfechas señalan márgenes muy estrechos para una actuación autónoma.
Sin duda cada ciudad posee un papel económico y político singular, una identidad cultural y una historia propia , por ello es importante que desde estas particularidades alimentemos el debate y nos preguntemos en un principio :¿en qué medida la forma de gobierno condiciona la calidad de vida que ofrecen las ciudades latinoamericanas. ¿Qué instancias del ejecutivo local participan en el diseño e implementación de las políticas sociales urbanas, en particular de atención a la pobreza? ¿Cuál es la procedencia y el monto de los recursos de que disponen los gobiernos locales para las políticas sociales urbanas?¿Cuál es el papel que juegan los representantes políticos en las cámaras locales en los procesos de gestión urbana?¿Cuáles son las bases para crear una gobernabilidad democrática a nivel local, en particular, cuáles son las formas de participación ciudadana institucionalizada y no institucionalizada que existen?
Considerando que se ha avanzado en América Latina sobre la descentralización, es cierto que los gobiernos centrales comienzan a ceder funciones, competencias y en menor medida recursos a los gobiernos locales. Pero lo hacen aún muy lentamente. Además en el interior de los gobiernos locales se reproduce la concentración de recursos en el municipio central y/o en determinadas zona de las ciudades. Es entonces importante preguntarnos: ¿cuál es el avance de los procesos descentralizadores de cada país en dos sentidos: 1) el traspaso de funciones, recursos y actividades del gobierno central a los gobierno locales de las ciudades y 2) el avance de llamada "infradescentralización", es decir la descentralización en el interior de las ciudades, de las zonas centrales a las periféricas?
El otro tema directamente vinculado a éste es el de la participación ciudadana. A las transformaciones relacionadas con un uso más eficiente y honesto de los recursos un buen gobierno debe agregar innovaciones en relación con las formas cómo se procesan y atienden las demandas ciudadanas. Sin duda es en el ámbito local donde la participación ciudadana tiene mayores posibilidades de ser efectiva. Es en el barrio, la colonia donde los individuos acceden, en condiciones diferenciales, a bienes y servicios que conforman la dimensión social de la ciudadanía, que definen su calidad de vida en la ciudad. Pero debe recordarse que en América Latina la limitada institucionalización de participación ciudadana o su subordinación a las formas de representación corporativas ha generado un excesivo burocratismo y un alto grado de discrecionalidad en los procesos de toma de decisiones, los cuales son indicadores de la baja calidad de la democracia.
Durante varias décadas, la responsabilidad sobre las políticas urbanas se restringió al ámbito de lo estatal y diferentes actores trataban de incidir por vías, formales e informales, para que sus intereses fueran tomados en cuenta. Por ello, los ciudadanos y las organizaciones sociales que demandaban y demandan la atención de sus necesidades urbanas básicas dedican grandes esfuerzos y tiempo para identificar a los interlocutores gubernamentales con capacidad e interés en resolver sus problemas. La complejidad y la ineficiencia burocráticas, así como la falta de información respecto a los criterios de asignación de recursos y/o definición de prioridades en las instituciones del aparato gubernamental para tratar asuntos de interés público, son indicadores de la debilidad de las democracias latinoamericanas y de los obstáculos que existen para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos sociales, algunos de los cuales están consagrados en las respectivas Constituciones. Así, durante décadas, la forma de relación de los movimientos urbanos autónomos y las instituciones del estado fue de enfrentamiento y lucha y sólo recientemente, la apertura democrática favorece la aparición de una cultura de la negociación entre las partes, que permita buscar soluciones a los graves problemas que presentan nuestras ciudades. Pero actualmente, no basta asignar recursos apelando a criterios de racionalidad técnica para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades, sino que es necesario generar posibilidades reales de participación ciudadana en la esfera de lo público.
La participación ciudadana a diferencia de otras formas de participación, refiere específicamente a que los habitantes de las ciudades intervengan en las actividades públicas representando intereses particulares (no individuales) (Cunnill). Pero para que esta participación sea efectiva deben generarse compromisos y condiciones institucionales y, sobre todo, existir el convencimiento de que la deliberación pública y la interacción social, la aceptación y el respeto por el pluralismo ideológico, son valores y prácticas positivos y esenciales para vivir en democracia; valores y prácticas que pueden y deben ejercerse en primer término en el cotidiano y en el espacio local, que es donde se da la mayor proximidad entre autoridades y ciudadanos.
En este sentido, existen ya procesos que demuestran la aportación de diferentes formas de participación ciudadana a la democratización de los aparatos o instituciones del estado, lo cual permite hacer del espacio de lo estatal un espacio público. Estas formas de participación sustancialmente diferentes a la participación corporativa que existió durante muchas décadas, sientan nuevas bases para consolidar una gobernabilidad democrática. A nivel local se registran interesantes experiencias en las ciudades latinoamericanas tales como el presupuesto participativos en la gestión urbana, proceso de planeación participativa y estratégica, programas innovadores diseñados entre los funcionarios y la ciudadanía en materia de equidad de género, relaciones directas y de concertación entre quienes toman las decisiones y quienes presentan las demanda y muchos más. Todos estos son indicadores de que puede existir una gobernabilidad democrática en estos territorios urbanos, aunque tal vez, el principal reto es garantizar que éstas prácticas logren vencer las muchas dificultades que encierra su concreción e institucionalización.
La ciudad es, en gran medida, un patrimonio colectivo. Su construcción y conservación requiere del saber de los técnicos, de inversión pública y privada, de gobiernos locales legítimamente constituidos, de funcionarios públicos que actúen con honestidad, de la acción de organizaciones sociales y de organizaciones no gubernamentales que han demostrado su capacidad para transformar y mejorar las condiciones de vida de los sectores populares. Las formas de participación ciudadana deben contemplar necesariamente esta complejidad social para garantizar su eficacia.
La participación ciudadana en los procesos decisorios es un componente fundamental para crear las bases de una gobernabilidad democrática en nuestras ciudades. También lo es cuando se trata de diseñar e implementar políticas sociales urbanas. Sin embargo, sabemos que son muchas las dificultades que debemos vencer para lograr que esto ocurra.
Saber como y cuando dar a conocer las experiencias de diferentes ciudades en materia de participación ciudadana en la elaboración de políticas sociales urbanas puede contribuir a advertirnos sobre los errores y a aprender de los aciertos.
En América Latina las políticas sociales en general, y las políticas sociales urbanas en particular, fueron importantes mecanismos de clientelismo político que operaron con cierta eficacia durante el período del estado corporativo. En la actualidad, cuando se trata de consolidar la democracia como forma de gobierno y en el contexto de la globalización, las metrópolis deberán jugar nuevos roles en tanto principales espacios receptores de la modernidad y de la expansión de la pobreza y desigualdad social.
Todo ello coincide en un contexto político y social signado por exigencias crecientes de la sociedad en relación con la democratización política y la apertura de canales de participación ciudadana. En este sentido, es necesario diseñar diferentes e innovadoras políticas públicas y transformar sustancialmente las relaciones gobierno-ciudadanía. La gobernabilidad y el buen gobierno de las ciudades son hoy el marco para analizar los problemas urbanos y la gestión del territorio.
Desde la perspectiva de la gestión urbana, tenemos la existencia de tres dimensiones territoriales en las ciudades latinoamericanas grandes y medianas: metropolitana, central y barrial. Lo primero que percibimos es que estas realidades territoriales no se corresponden con formas de gobierno particulares.
Salvo el caso de Quito, Ecuador, en América Latina no han existido gobiernos metropolitanos. Las ciudades poseen uno, o más gobiernos locales cuando se trata de ciudades metropolitanas, los cuales gobiernan en un mismo territorio de acuerdo con una delimitación político-administrativa de nivel municipal.
En los gobiernos locales, elegidos democráticamente por la ciudadanía prevalece un modelo de gobierno fuertemente centralizado en el ejecutivo local, mientras que la capacidad de gobierno del legislativo, cabildo o cámara local varía mucho según la ciudad. Las instancias de coordinación metropolitana suelen ser poco eficaces y es el municipio o la municipalidad central el que concentra los recursos e impone un modelo de ciudad. A nivel barrial no existen órganos de gobierno y en el mejor de los casos existen formas de participación ciudadana institucionalizadas (comités o juntas vecinales).
Este es un esquema general pero las ciudades son realidades complejas constituidas por la integración de unidades espaciales diferenciadas, la existencia de autoridades de diferente nivel jerárquico y la presencia de una ciudadanía segmentada en su identidad territorial y social. Las bases de su gobernabilidad fueron, durante muchas décadas, instituciones y procedimientos limitadamente eficientes y poco democráticos.
Cuando estas grandes o medianas ciudades son a la vez la Capital de la república, como es el caso de ciudad de México, Buenos Aires o Montevideo, los procesos de transformación son aún más complejos y las cuestiones que están en juego para crear un nuevo orden económico, social, espacial y ambiental, son mayores y sustancialmente diferentes.
Gobernar estas ciudades con un mínimo de eficiencia en la gestión de su territorio y de sus servicios y hacerlo en democracia, supone lograr un equilibrio entre el gobierno central y el local, que permita que este último actúe con cierto grado de autonomía, sin perder de vista que en esa ciudad se localiza y se concentra el poder de la nación. Los desafíos para estos gobiernos locales son muchos puesto que deben crear una diferente sustentabilidad económica y ecológica a la vez que se construye una gobernabilidad democrática. Se trata entonces de crear un auténtico y autónomo gobierno local donde por lo general han prevalecido los aparatos administrativos.
La construcción de gobiernos locales fuertes y democráticos en las ciudades depende de un conjunto de factores entre los cuales merecen señalarse: l) cuanto mayor es la importancia económica, política y social que posee la ciudad en el sistema nacional o regional de ciudades mayor es la ingerencia que posee el gobierno central y el gobierno estatal en la definición de sus políticas públicas; 2) el carácter sectorial y centralizado de las políticas públicas resta autonomía al gobierno local ; 3) los limitados recursos de que disponen los gobierno locales para atender las necesidades urbanas insatisfechas señalan márgenes muy estrechos para una actuación autónoma.
Sin duda cada ciudad posee un papel económico y político singular, una identidad cultural y una historia propia , por ello es importante que desde estas particularidades alimentemos el debate y nos preguntemos en un principio :¿en qué medida la forma de gobierno condiciona la calidad de vida que ofrecen las ciudades latinoamericanas. ¿Qué instancias del ejecutivo local participan en el diseño e implementación de las políticas sociales urbanas, en particular de atención a la pobreza? ¿Cuál es la procedencia y el monto de los recursos de que disponen los gobiernos locales para las políticas sociales urbanas?¿Cuál es el papel que juegan los representantes políticos en las cámaras locales en los procesos de gestión urbana?¿Cuáles son las bases para crear una gobernabilidad democrática a nivel local, en particular, cuáles son las formas de participación ciudadana institucionalizada y no institucionalizada que existen?
Considerando que se ha avanzado en América Latina sobre la descentralización, es cierto que los gobiernos centrales comienzan a ceder funciones, competencias y en menor medida recursos a los gobiernos locales. Pero lo hacen aún muy lentamente. Además en el interior de los gobiernos locales se reproduce la concentración de recursos en el municipio central y/o en determinadas zona de las ciudades. Es entonces importante preguntarnos: ¿cuál es el avance de los procesos descentralizadores de cada país en dos sentidos: 1) el traspaso de funciones, recursos y actividades del gobierno central a los gobierno locales de las ciudades y 2) el avance de llamada "infradescentralización", es decir la descentralización en el interior de las ciudades, de las zonas centrales a las periféricas?
El otro tema directamente vinculado a éste es el de la participación ciudadana. A las transformaciones relacionadas con un uso más eficiente y honesto de los recursos un buen gobierno debe agregar innovaciones en relación con las formas cómo se procesan y atienden las demandas ciudadanas. Sin duda es en el ámbito local donde la participación ciudadana tiene mayores posibilidades de ser efectiva. Es en el barrio, la colonia donde los individuos acceden, en condiciones diferenciales, a bienes y servicios que conforman la dimensión social de la ciudadanía, que definen su calidad de vida en la ciudad. Pero debe recordarse que en América Latina la limitada institucionalización de participación ciudadana o su subordinación a las formas de representación corporativas ha generado un excesivo burocratismo y un alto grado de discrecionalidad en los procesos de toma de decisiones, los cuales son indicadores de la baja calidad de la democracia.
Durante varias décadas, la responsabilidad sobre las políticas urbanas se restringió al ámbito de lo estatal y diferentes actores trataban de incidir por vías, formales e informales, para que sus intereses fueran tomados en cuenta. Por ello, los ciudadanos y las organizaciones sociales que demandaban y demandan la atención de sus necesidades urbanas básicas dedican grandes esfuerzos y tiempo para identificar a los interlocutores gubernamentales con capacidad e interés en resolver sus problemas. La complejidad y la ineficiencia burocráticas, así como la falta de información respecto a los criterios de asignación de recursos y/o definición de prioridades en las instituciones del aparato gubernamental para tratar asuntos de interés público, son indicadores de la debilidad de las democracias latinoamericanas y de los obstáculos que existen para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos sociales, algunos de los cuales están consagrados en las respectivas Constituciones. Así, durante décadas, la forma de relación de los movimientos urbanos autónomos y las instituciones del estado fue de enfrentamiento y lucha y sólo recientemente, la apertura democrática favorece la aparición de una cultura de la negociación entre las partes, que permita buscar soluciones a los graves problemas que presentan nuestras ciudades. Pero actualmente, no basta asignar recursos apelando a criterios de racionalidad técnica para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades, sino que es necesario generar posibilidades reales de participación ciudadana en la esfera de lo público.
La participación ciudadana a diferencia de otras formas de participación, refiere específicamente a que los habitantes de las ciudades intervengan en las actividades públicas representando intereses particulares (no individuales) (Cunnill). Pero para que esta participación sea efectiva deben generarse compromisos y condiciones institucionales y, sobre todo, existir el convencimiento de que la deliberación pública y la interacción social, la aceptación y el respeto por el pluralismo ideológico, son valores y prácticas positivos y esenciales para vivir en democracia; valores y prácticas que pueden y deben ejercerse en primer término en el cotidiano y en el espacio local, que es donde se da la mayor proximidad entre autoridades y ciudadanos.
En este sentido, existen ya procesos que demuestran la aportación de diferentes formas de participación ciudadana a la democratización de los aparatos o instituciones del estado, lo cual permite hacer del espacio de lo estatal un espacio público. Estas formas de participación sustancialmente diferentes a la participación corporativa que existió durante muchas décadas, sientan nuevas bases para consolidar una gobernabilidad democrática. A nivel local se registran interesantes experiencias en las ciudades latinoamericanas tales como el presupuesto participativos en la gestión urbana, proceso de planeación participativa y estratégica, programas innovadores diseñados entre los funcionarios y la ciudadanía en materia de equidad de género, relaciones directas y de concertación entre quienes toman las decisiones y quienes presentan las demanda y muchos más. Todos estos son indicadores de que puede existir una gobernabilidad democrática en estos territorios urbanos, aunque tal vez, el principal reto es garantizar que éstas prácticas logren vencer las muchas dificultades que encierra su concreción e institucionalización.
La ciudad es, en gran medida, un patrimonio colectivo. Su construcción y conservación requiere del saber de los técnicos, de inversión pública y privada, de gobiernos locales legítimamente constituidos, de funcionarios públicos que actúen con honestidad, de la acción de organizaciones sociales y de organizaciones no gubernamentales que han demostrado su capacidad para transformar y mejorar las condiciones de vida de los sectores populares. Las formas de participación ciudadana deben contemplar necesariamente esta complejidad social para garantizar su eficacia.
La participación ciudadana en los procesos decisorios es un componente fundamental para crear las bases de una gobernabilidad democrática en nuestras ciudades. También lo es cuando se trata de diseñar e implementar políticas sociales urbanas. Sin embargo, sabemos que son muchas las dificultades que debemos vencer para lograr que esto ocurra.
Saber como y cuando dar a conocer las experiencias de diferentes ciudades en materia de participación ciudadana en la elaboración de políticas sociales urbanas puede contribuir a advertirnos sobre los errores y a aprender de los aciertos.
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